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Ley 39-2015

¿Se cumplirán los compromisos de la Ley 39/2015? No queda nada

Queda un mes para que entre en vigor la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común del pasado mes de octubre. Esta ley unifica, de alguna manera, las anteriores leyes 30/1992 y 11/2007 que legislaban sobre el procedimiento administrativo común y la administración electrónica, respectivamente.

Desde que se aprobó la ley 30/1992, ha pasado mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que en agosto de 1991 fue cuando se hizo pública la primera página web, por lo que las posibilidades que ofrecían las TIC a la ciudadanía eran prácticamente nulas. En 2007 ya había tecnología suficiente para empezar a hablar de administración electrónica y de ahí surgió la ley 11/2017 donde se empezaban a sentar las bases legales para darle la posibilidad al ciudadano de relacionarse con la administración de forma electrónica. Se abría una nueva vía de relación, como alternativa a la tradicional.

En octubre del año pasado se dio una vuelta de tuerca más y se unificaron ambas leyes, dejando como esencia fundamental, que la relación del ciudadano con la Administración sea fundamentalmente electrónica.

La principal novedad estriba en que a partir de su entrada en vigor la administración sea totalmente electrónica, interconectada y transparente. Para ello incorpora, entre otras, estas novedades principales:

  • Registro de apoderamientos en donde estarán registrados los representantes de personas jurídicas y físicas que podrán actuar en nombre de sus representados.
  • Diferencia entre identificación y firma, simplificando los medios para acreditar una u otra. Para esto último incorpora entre otras, como válidas, el uso de claves concertadas, como Cl@ve.
  • Obligatoriedad para todas las Administraciones de contar con un registro electrónico general o de adherirse al de la AGE.
  • Obligatoriedad de disponer de un archivo electrónico único en cada Administración. Todos los documentos deben ser electrónicos y lo que entre en papel, debe ser digitalizado y almacenado en el registro electrónico. De igual forma, los oficios y documentos que se generen por las Administraciones sólo se crearán en formato electrónico.
  • Se define también la existencia de un registro de empleados públicos habilitados para la realización de copias auténticas de los documentos y para aquellos que puedan asistir a los ciudadanos en el uso de medios electrónicos y actuar en representación suya.
  • Todos los registros deben ser interoperables y garantizar el traspaso de información entre las diferentes Administraciones.
  • En cuanto a plazos, se incorpora el cómputo por horas y contabilizar los sábados como días inhábiles.
  • Todas las notificaciones serán electrónicas por defecto. Solo se podrán emitir notificaciones por medios físicos en los casos concretos especificados en la ley.
  • Unifica e incorpora el procedimiento sancionador en el procedimiento administrativo común.

Es un resumen muy somero. No pretendo hacer un estudio exhaustivo de la ley, si no ver la situación actual con respecto a esta ley. La ley entra en  vigor el dos de octubre de este año, aunque determinadas obligaciones indicadas en la ley se posponen a octubre de 2018: registro de apoderamientos, registro de funcionarios, registro electrónico y archivo electrónico.

El Registro de Entrada es el elemento más importante de los procedimientos administrativos, diría yo. Es fundamental para que el ciudadano pueda iniciar cualquier tipo de relación con la administración. En el caso de los expedientes electrónicos, es fundamental que exista un Registro Electrónico como punto inicial de la tramitación. De hecho, la ley 39/2015 especifica, que a partir de su entrada en vigor, sólo el registro electrónico será el único válido. Sin embargo, resulta curioso que la obligatoriedad de su existencia se retrase hasta el 2018, más si cabe cuando es algo que ya se encontraba legislado en la Ley 11/2017. Esto va a generar bastantes quebraderos de cabeza.

Cabría preguntarse hasta qué punto están preparadas las Administraciones Públicas, a fecha de hoy, para la entrada en vigor de esta ley. Recientemente Novagob, la red social para las Administraciones Públicas, ha publicado un interesante estudio al respecto titulado “Sondeo sobre el estado de implantación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, procedimiento administrativo común de las administraciones públicas”. A la lectura del mismo, queda de relevancia que la situación es muy mejorable. Como era de esperar, las administraciones públicas de mayor tamaño están mejor preparadas que las pequeñas. En concreto, las pequeñas Entidades Locales son las que tienen más dificultades para abordar este tipo de adaptaciones legales.

El estudio repasa elementos relativos a la administración electrónica, que en algunos casos no son nuevos de la Ley 39/2015, si no que vienen de la legislación anterior. El primer elemento que destaca en sus conclusiones es que, en un alto porcentaje, no existen todavía catálogos de procedimientos con información básica de los mismos. Tampoco suele haber un registro de funcionarios habilitados. Solo un 32% de las administraciones encuestadas lo tienen y casi el 50% no utilizan plataformas de intermediación de datos.

No todo es negativo. Se indica en el estudio que los sistemas de firma electrónica están implantados por encima de un 90%, el 87% tienen una sede electrónica, casi un 80% dispone de un de sello electrónico avanzado y el 73% dispone de un registro electrónico.

Es un estudio modesto, pero interesante que sirve de termómetro para hacerse una idea de los avances en el cumplimiento de esta ley. El estudio lo podéis ver en este enlace.

Si a las conclusiones de este estudio le sumamos la situación del gobierno en funciones actual y el cierre presupuestario del 2016 a mitad de ejercicio, para evitar la multa de la UE por incumplimiento de déficit, creo que va a ser difícil que la foto actual cambie mucho de aquí a un mes.

No obstante, Gfi ha acompañado a alguna Administración en su caminar hacia el cumplimiento de los plazos marcados. Hemos realizado, desde nuestras oficinas de Gfi Norte, un par de proyectos de consultoría en los que evaluamos el estado en el que se encuentran los Sistemas de Información de la Administración contratante con respecto a las novedades de la Ley 39/2015 y apuntamos las posibles carencias y qué aspectos se deben mejorar.

 

 

Pedro Fernández Sáez

Pedro Fernández Sáez

Máster Universitario en Investigación en Informática. Con 20 años de experiencia en el Sector de las TIC, me encuentro especializado en el ámbito de las Administraciones Públicas. Actualmente desempeño en GFI labores de desarrollo de negocio, apoyo a la fuerza comercial y la generación de sinergias con las diferentes áreas de la Compañía, como Technical Account Manager para el Sector Público.

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Pedro Fernández Sáez

Pedro Fernández Sáez

Máster Universitario en Investigación en Informática. Con 20 años de experiencia en el Sector de las TIC, me encuentro especializado en el ámbito de las Administraciones Públicas. Actualmente desempeño en GFI labores de desarrollo de negocio, apoyo a la fuerza comercial y la generación de sinergias con las diferentes áreas de la Compañía, como Technical Account Manager para el Sector Público.

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